La educación superior está formada por:

• la enseñanza universitaria;
• algunas enseñanzas no universitarias:
  • formación profesional (FP) de grado superior;
  • enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas de grado superior. Todas ellas forman parte de las enseñanzas de régimen especial.

FP de grado superior: educación postobligatoria no universitaria con una clara orientación profesional.

Enseñanza universitaria: orientación académica y de duración mayor que la de la educación superior no universitaria.

2023

El 12 de abril de 2023 entra en vigor la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU). Esta nueva ley plantea numerosas medidas entre las que destacan:

• asegurar la calidad de las enseñanzas y del profesorado;
• reducción de la temporalidad del profesorado, del 40% que fija la legislación anterior al 8%;
• mejora de las condiciones y estatus del profesorado asociado;
• creación de la figura del profesorado sustituto;
• compromiso de un gasto mínimo del 1% del PIB en la Universidad;
• establecimiento de un máximo en las tasas universitarias. Las comunidades autónomas fijarán el precio siguiendo el principio general de contener o bajar precios progresivamente:
• fomento del aprendizaje a lo largo de la vida;
• mejora en los tiempos de la carrera académica para el personal docente e investigador para fomentar su estabilización;
• desarrollo de nuevas evaluaciones del profesorado cualitativas y cuantitativas;
• aumento de la transparencia en todos los concursos públicos a plazas docentes universitarias en los que la universidad convocante estará en minoría y los miembros serán escogidos por sorteo;
• impulso de la internacionalización del sistema universitario, las alianzas y los títulos compartidos;
• creación de la figura de Profesorado Distinguido para atraer profesorado de prestigio académico e investigador, tanto nacional como extranjero;
• garantía de una universidad igualitaria e inclusiva;
• fomento de la participación de los estudiantes.

En definitiva, la LOSU marca los horizontes hacia los que deben ir las universidades españolas, aumentando para ello su autonomía y dándoles las herramientas necesarias para afrontar los cambios que se están produciendo en la sociedad. El sistema universitario en su conjunto se ve reforzado para afrontar los nuevos retos:

• adecuando las perspectivas en financiación, en innovación y revalorización de la docencia;
• ahondando en la transferencia de conocimiento hacia la sociedad;
• fijando el camino para la democratización en el acceso a la universidad, en materia de derechos y de autonomía universitaria.

Becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024

El presupuesto de becas y ayudas al estudio ha alcanzado su máximo histórico para el próximo curso. Concretamente, se van a destinar 2 520 millones de euros a becas y ayudas al estudio. Es el quinto año consecutivo que aumenta su financiación. Desde 2018, el presupuesto se ha incrementado un 70%.

Toda la información sobre requisitos, plazos, cuantías y procedimientos para poder optar a estas becas y ayudas están disponibles en el portal de becas del MEFP y del Ministerio de Universidades. El objetivo es centralizar la información y hacerla más accesible. El plazo para solicitar las becas generales comienza el 27 de marzo y acaba el 17 de mayo.

2022

Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario

En junio de 2022, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. El documento incluye el compromiso mínimo de gasto en universidades del 1 % del PIB. Por otra parte, se estabilizarán las plazas de profesorado asociado pasándolas a indefinidas, reduciendo así la temporalidad del 40 % actual al 8 %. A su vez, se incorporarán medidas para la promoción y mejora de las condiciones laborales del personal docente e investigador (PDI). Además, esta futura norma persigue una universidad internacional y para todas las edades: dos líneas de trabajo fundamentales en la ley para el futuro de las universidades. Por tanto, esta ley ofrecerá a las universidades las herramientas para que puedan adaptarse a los cambios actuales.

Real Decreto-Ley que facilita la contratación indefinida en el Sistema Público de Ciencia

En abril de 2022, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley 8/2022, el cual facilita la contratación indefinida en el Sistema Público de Ciencia. En concreto, el real decreto-ley introduce una modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas.

El Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Universidades han impulsado esta medida con el objetivo de dotar de mayor estabilidad a la carrera profesional en instituciones públicas del ámbito de la I+D+I como universidades, centros de investigación, fundaciones y consorcios.

Esta figura contractual, que recoge las singularidades del sistema de I+D+I, no está sujeta a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.

Además, estos contratos de duración indefinida no necesitarán autorización previa si su financiación es externa o procede de convocatorias en concurrencia competitiva. En caso de que el grupo de investigación continúe con financiación, los contratos se podrán prorrogar sin necesidad de una nueva contratación.

Ley de convivencia universitaria

La Ley 3/2022 de convivencia universitaria, que se publicó en febrero, sienta las bases para reformular el marco de convivencia universitaria haciendo énfasis en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales y garantizando la igualdad para un posterior desarrollo por las comunidades autónomas y las propias universidades.

Con esta nueva ley, todas las universidades están obligadas a tener normas de convivencia que incorporen mecanismos de mediación como vía preferente para la resolución de los conflictos, así como medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso.

Además, las universidades deberán crear una Comisión de Convivencia, que tendrá que ser paritaria y estará constituida por representantes del estudiantado, del personal docente e investigador, y del personal de administración y servicios.

Asimismo, se define un nuevo sistema de faltas y sanciones para el estudiantado, con las máximas garantías y la posibilidad de sustituir las sanciones, en determinados casos, por medidas de carácter educativo o recuperador, poniendo así el acento en los valores propios del ámbito universitario.

Esta Ley constituye un nuevo marco para la convivencia universitaria, en consonancia con los principios democráticos, y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y libertades básicas, entre ellas la de manifestación, reunión, asociación y huelga del conjunto de estamentos de la comunidad universitaria.

Organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de su calidad

El Real Decreto 822/2021 tiene por objeto el establecimiento de la organización y la estructura de las enseñanzas universitarias, a partir de los principios generales que definen el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Al mismo tiempo, ordena la oferta académica oficial y la oferta de otros títulos, específicamente la referida a la formación permanente, y regula las estructuras curriculares específicas y las prácticas académicas externas que las universidades podrán incorporar a sus planes de estudios.

De igual modo, fija las directrices, condiciones y los procedimientos de aseguramiento de la calidad de los planes de estudios cuya superación permite la obtención de títulos universitarios oficiales con validez en todo el territorio nacional. Dichos procedimientos se concretan en la verificación del plan de estudios como requisito para la acreditación inicial del título y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT); así como en el seguimiento, la modificación y la renovación de la acreditación ya otorgada.

Continuación en la reforma de la política de becas y ayudas al estudio

El Real Decreto 154/2022 establece los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023. Además, modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007 por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

Esta norma revisa los calendarios y plazos de presentación de solicitudes y de las fases del proceso de gestión de las becas de manera que la gran mayoría de las personas solicitantes puedan conocer, antes del comienzo del curso escolar 2022-2023, si van a resultar elegibles para la obtención de beca. A su vez, completa la reducción de las notas exigibles para la obtención de beca en los estudios de máster, que se introdujo el curso 2021-2022, extendiendo esa reducción de la calificación requerida a los estudios conducentes a la obtención de los másteres no habilitantes.

Estos cambios en el sistema de becas y ayudas al estudio muestran un compromiso firme con la dimensión social de la educación y con el impulso de una política de becas que garantice que ninguna persona abandone sus estudios postobligatorios por motivos económicos, asegurando así la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades.

Flexibilización de los requisitos para impartir formación profesional

El Real Decreto 62/2022 tiene por objeto flexibilizar los requisitos para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de títulos de formación profesional, certificados de profesionalidad y otras ofertas formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Asimismo, tiene por objeto avanzar en la ampliación y flexibilización de la oferta de formación profesional.

Esta norma es de aplicación a los centros, de naturaleza pública o privada, debidamente autorizados, que ofertan las enseñanzas recogidas en el párrafo anterior. En ese sentido, complementa y amplía los supuestos previstos en los Reales Decretos 34/2008 y 1147/2011 como requisitos para la oferta de enseñanzas de formación profesional.

2021

Proyecto de ley de Convivencia Universitaria

En septiembre de 2021 se ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria propuesta por el Ministerio de Universidades. En este último trimestre del año, se llevará a cabo su tramitación parlamentaria en ambas cámaras, Congreso y Senado. 

El nuevo texto busca establecer el marco adecuado para que los miembros de la comunidad universitaria puedan llevar el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales esenciales para el desarrollo de nuestra democracia, como son la libertad ideológica y religiosa, la libertad de expresión, los derechos de reunión, asociación y manifestación, así como la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra y el derecho a la educación, entre otros, gracias a la creación y protección de unos entornos de convivencia fijados democráticamente por las propias universidades. Consecuentemente, este documento establecerá las bases de la convivencia en el ámbito universitario. Su publicación conllevará la derogación del Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Enseñanza Superior que data de 1954.

Proyecto de ley orgánica del sistema universitario

En agosto de 2021 se ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario propuesta por el Ministerio de Universidades. En este último trimestre del año, se llevará a cabo su tramitación parlamentaria en ambas cámaras, Congreso y Senado.

Las principales propuestas de la Ley son:

• apuesta por un sistema universitario de calidad;
• la equidad, herramienta fundamental para una universidad democrática;
• la universidad como fuente de producción y transferencia de conocimiento, y de empleo de calidad;
• sentar las bases para terminar con la precariedad en la universidad: un objetivo prioritario;
• igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad;
• internacionalización de las universidades;
• una ley como herramienta fundamental para el futuro y el desarrollo sostenible.

Plan estratégico de subvenciones del Ministerio de Universidades 2021/2023

Recientemente el Ministro de Universidades aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023, con el objetivo de ayudar a la planificación, la ejecución y el seguimiento de las subvenciones gestionadas por el Ministerio. Con este plan se busca llevar a cabo una gestión más eficaz y eficiente, así como un funcionamiento más transparente.  El plan consta de 5 objetivos estratégicos y 11 objetivos específicos:

Becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022

El presupuesto de becas y ayudas al estudio ha aumentado en más de 128 millones, hasta los 2038 millones de euros, en parte para incluir la entrada de nuevos beneficiarios como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19. Es el tercer año consecutivo que aumenta su financiación. Desde 2018, el presupuesto se ha incrementado un 39,6 % y el número de beneficiarios en un 24,5 %.

Los plazos de presentación de solicitudes de la convocatoria general de becas abarcan hasta el 14 de octubre de 2021 para los estudiantes universitarios.

Todo la información sobre requisitos, plazos, cuantías y procedimientos para poder optar a estas becas y ayudas están disponibles en el portal de becas del MEFP y del Ministerio de Universidades. El objetivo es centralizar la información y hacerla más accesible.

De acuerdo con los cálculos del MEFP y del Ministerio de Universidades, unos 850.000 estudiantes se beneficiarán de esta convocatoria de becas generales: 390.000 de ellos de enseñanzas universitarias y 460.000 de enseñanzas no universitarias.

Nueva Ley de Educación LOMLOE

El 19 de enero de 2021 entró en vigor la Ley Orgánica 3/2020 por la que se modifica la Ley de Orgánica 2/2006, de Educación (LOMLOE). Su entrada en vigor ha derogado la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa. Esta nueva ley educativa también ha introducido cambios en la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades.

La reforma legislativa tiene repercusiones en determinados aspectos de la educación superior, entre los destacan que destacan:

1. Prueba de acceso a la universidad:
   • Se restablece plenamente el sistema basado en la calificación obtenida en el Bachillerato y en la prueba de acceso.
   • Se restablece el procedimiento de admisión a las universidades en condiciones de igualdad, con independencia de dónde se haya realizado los estudios previos o de la necesidad específica de apoyo educativo o discapacidad.
   • El Gobierno establecerá la normativa básica que permita a las universidades fijar los procedimientos de admisión de quienes hayan superado la prueba de acceso. 
   • Se dan mayores facilidades en la prueba de acceso a la universidad para no discriminar al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
2. Acceso a grados superiores de Formación Profesional:
   • El título de Técnico de Formación Profesional permitirá el acceso tanto a los ciclos formativos de Grado Superior como a las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
3. Grados superiores de enseñanzas artísticas y las enseñanzas artísticas superiores:
   • Podrán acceder al grado superior de artes plásticas y diseño quienes tengan el título de Bachiller o el de Técnico de Formación Profesional y superen una prueba más personalizada. Asimismo, podrán acceder a estas enseñanzas quienes estén en posición del título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño. 
   • Se refuerza la equivalencia entre los títulos superiores y aquellos estudiantes que superen los correspondientes estudios podrán obtener el título de Grado de Enseñanzas Artísticas Superiores.

Plan de Digitalización para el Sistema Universitario

Este proyecto, desarrollado por el Ministerio de Universidades y que cuenta con fondos europeos, tendrá un presupuesto de 142,85 millones de euros. Sus objetivos fundamentales son, en primer lugar, disponer de recursos técnicos, materiales y humanos adecuados que permitan modernizar el sistema universitario español, mejorando significativamente la relación entre el mundo digital y el ámbito académico.

En segundo lugar, estimular la innovación y transformación digital desde la universidad. Es prioridad del Ministerio de Universidades facilitar que las universidades puedan convertirse en actores centrales en los procesos de transformación digital que se están produciendo en nuestras sociedades.

Asimismo, este plan busca desarrollar proyectos estratégicos en el ámbito de la innovación educativa poniendo en marcha un conjunto seleccionado de proyectos de carácter estratégico -en el ámbito de la formación digital- que funcionen como prototipos, y que operen en niveles interuniversitarios.

Para más información: Plan de digitalización.

Nueva estrategia programática del Ministerio de Universidades

De la Universidad depende la educación de las personas, la igualdad de oportunidades para todas, el desarrollo económico, científico y tecnológico, la creación cultural, la afirmación de valores éticos y cívicos, la construcción de la identidad, el aprendizaje de la tolerancia y la solidaridad entre humanos, y la defensa de la libertad intelectual y de expresión mediante el estímulo del espíritu crítico.

Para que estos principios se apliquen son necesarias políticas institucionales, apoyadas en un marco normativo estable.

La nueva estrategia programática se organiza en los siguientes ámbitos: 

• universidad pública, gratuita y con enseñanza de calidad: prioridad al estudiantado;
• universidad productora de conocimiento;
• universidad al servicio de la sociedad;
• universidad que contribuya al desarrollo económico y a la creación de empleo de calidad;
• un sistema universitario diferenciado y competitivo;
• universidad internacionalizada;
• la universidad como espacio de libertad y debate cultural;
• universidad equitativa;
• una universidad autónoma, democrática y participativa;
• una universidad con financiación adecuada a partir de los presupuestos autonómicos mediante las correspondientes transferencias del Estado.

Para más información: Estrategia programática

Financiación del plan REACTIVAFP 20-21 y otros programas relacionadas con FP

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), ha aprobado una inversión de 33 millones de euros destinados a diferentes programas educativos de cooperación territorial con las comunidades autónomas en el ámbito de la Formación Profesional, en la que se incluye la Formación Profesional de grado superior. Estos acuerdos fueron aprobados el pasado 21 de octubre de 2020 por la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación.

Esta inversión distribuida entre las CCAA irá destinada a programas de:

• Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales (3 481 170 euros).
• Formación Profesional Dual (9 000 000 de euros).
• Acciones de Calidad de FP del Sistema Educativo (4 634 960 euros).
• Programa REACTIVAFP 20-21, dentro de las acciones para el fomento de la calidad de la FP (10 583 870 euros).
• Iniciativas de formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado de FP con 5 300 000 euros. 

Estos fondos se suman a los previstos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional. El periodo de ejecución está comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, y su justificación se realizará antes del 31 de marzo de 2022.

Los criterios de distribución empleados en el reparto de estos fondos son, entre otros, el número de alumnado, profesores y centros de FP, la tasa de riesgo de pobreza, el número de municipios con menos de 10 000 habitantes, la tasa de abandono educativo temprano, la cantidad de empresas participantes en FP Dual, la brecha de género en las titulaciones, las personas en búsqueda de empleo o la dispersión de la población activa y de las Administraciones Públicas en cada territorio.

Para más información: Programa de Cooperación FP

Acreditación de competencias profesionales

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la apertura de un procedimiento de carácter permanente para la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, o de vías no formales de formación, y que afecta a todos los sectores productivos.

Esta es una de las actuaciones recogidas en el Plan de Modernización de la Formación Profesional con mayor impacto en la población activa, ya que pone fin a las limitaciones del método.

Con un presupuesto inicial de casi 852,5 millones de euros, el ministerio de Educación y Formación Profesional acreditará las competencias de más de tres millones de personas en cuatro años. 

Sistema de acreditación acumulable

Este procedimiento permanente tendrá como referencia la totalidad de las unidades de competencia profesional incluidas en la oferta de Formación Profesional vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. El sistema de acreditación será acumulable para que el beneficiario pueda completar la formación que le lleve a la obtención del correspondiente título de Formación Profesional o certificado de profesionalidad.

Los centros que imparten enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, los centros integrados de FP y los Centros de Referencia Nacional serán los autorizados para llevar a cabo estas actividades. Además, la administración competente podrá determinar otras sedes que cedan sus instalaciones y servicios para ello.

Esta transformación está en línea con las estrategias de empleo de la Unión Europea orientadas a la cualificación de la población activa con el fin de facilitar la empleabilidad, la movilidad, la cohesión social, la equidad y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Más información: BOE.