España es un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Su forma política es la monarquía parlamentaria, en la que el Rey ostenta la Jefatura del Estado y existe separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La Constitución de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, y en su artículo 27 recoge el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza.

La organización territorial del Estado se caracteriza por la descentralización, con el derecho de autonomía reconocido por la Constitución a las comunidades autónomas, provincias y municipios. El Estado es garante del principio de solidaridad y del equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atiende a las circunstancias del hecho insular.

La descentralización del Estado ha dado lugar a una importante transformación en su organización territorial, lo que en materia de educación implica:

• El reparto de las competencias educativas entre la Administración General del Estado (Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes) y las comunidades autónomas (consejerías o departamentos de Educación). El proceso de trasferencia del Estado a las comunidades autónomas finalizó en el año 2000.
• Las Administraciones educativas delegan en los municipios el ejercicio de funciones en aspectos que afectan directamente a los intereses de éstos, y que gestionan a través de las concejalías o los institutos municipales de educación.

La situación demográfica de España, que supera los 48 millones de habitantes, se caracteriza por el envejecimiento de la población. El desempleo, otro de sus principales problemas sociales, afecta especialmente a las personas más jóvenes, e influye en sus posibilidades de emancipación. En cuanto a los movimientos migratorios, España tiene un saldo positivo según los datos de 2022.

España es un país plurilingüe donde, además del castellano como lengua oficial, existen en algunas comunidades autónomas otras lenguas con carácter cooficial: el catalán, el euskera,  el gallego, el occitano (aranés) y el valenciano. Además, en España se hablan otras lenguas, como el asturiano, que, sin tener el estatus de lenguas cooficiales, sí cuentan con protección por parte del estado.